Resulta inverosímil la situación sanitaria y económica que está atravesando el mundo en estos momentos y cuando esta perspectiva es llevada al Ecuador; se convierte en un relato plagado de pérdidas irreparables, emprendimientos truncados, comercios inertes, ciudadanos desempleados; un sinúmero de situaciones deprimentes que generan caos social y temor colectivo hacia quienes tienen el poder de tomar decisiones a nombre de todos los ciudadanos; ya que a pesar de que somos capaces de re inventarnos y sacar ventaja de nuevas herramientas para sobrevivir en esta era digital; nuestros gobernantes parecen no querer hacernos la carrera fácil.
Bajo el slogan de cultura tributaria se han logrado socializar hasta cierta medida los aspectos más básicos de la tributación, siendo conocido que al formar parte del "sistema" por sacar un RUC para formalizar una a ctividad económica, te encuentras expuesto a obligaciones que el ciudadano común desconoce, a notificaciones de la Autoridad Tributaria que derivan en sensación de persecución y a derechos a los cuales pareciera un deporte de alto riesgo acceder. En definitiva, el régimen tributario en su contexto normativo e ideológico nunca ha sido una esfera amigable, menos comprensible, para el ciudadano común; y no constituye más que una carga a efectos de cumplir con tu obligación de contribuir para un fin último (el bien común); y, es aquí donde reside el conflicto...
La carrera de resistencia del ciudadano en el día a día dentro de una vida con los bemoles regulares y propios de un país como el nuestro, generan poca sorpresa y constante indignación; siempre existe el rechazo inconsciente a contribuir a través de impuestos para un fin social lejano y un servicio público de escasa vocación.
Ahora, pongamos en perspectiva la misma carrera de resistencia frente a una sociedad devastada, en la que se ha comprobado que queda corto el catalogar como faltos de vocación a los funcionarios a cargos de ciertas instituciones y servicios públicos; en la que la sociedad civil tiene que sumar esfuerzos para salir adelante sin apoyo real del Estado; el que hasta el día de hoy; sigue persiguiendo la recaudación de impuestos sin perjuicio de que haya obviado sus obligaciones preconcebidas dentro del pacto social.
Podemos ver ahora cómo la propuesta de nuevas contribuciones han generado un alto grado de descontento a la ciudadanía, porque a diferencia del estado de excepción declarado en el año 2016, la actual crisis sanitaria afectó económicamente a todo el país y dejó a entrever que nuestros aportes en aras de conservar un orden social no cumplieron su propósito y tampoco propendieron a una correcta retribución; a pesar de ello, los efectos de la aplicación de las contribuciones humanitarias resultarían ineludibles y su cumplimiento obligatorio derivaría en un reto imperativo so pena de las represalías que acarrearía su incumplimiento frente a las amplias potestades estatales.
Ante esta realidad, inestabilizar más la balanza genera incertidumbre y desconfianza, poniendo en peligro la voluntad de los ciudadanos a respetar dicho pacto social; nuestra carrera de resistencia no consiste solo en vencer los obstáculos de convivir con el COVID-19 y volver a dinamizar el comercio, sino que además, debemos sortear las decisiones de nuestros gobernantes y prepararnos para subsistir a los obstáculos y exigencias que se imponen sin una garantía confiable de por medio.
Si bien es necesario contribuir a la sociedad por el mero sentido de humanidad, el discurso resulta cuestionable cuando las políticas públicas no reflejan dicho espíritu.
MLCP
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